El número de muertos a causa de la matanza que ocurrió como respuesta a los ataques de grupos afines al derrocado presidente Bachar al Asad contra las fuerzas del orden público de Siria, ha dejado al menos 1.311 muertos, entre ellos 830 civiles, luego de que la violencia se desatara el jueves pasado.
Los datos los ofreció la ONG Observatorio Sirio de Derechos Humanos, en lo que es la peor ola de violencia en años en ese país.
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«La cifra total de muertos y mártires, tanto civiles como militares, aumentó a 1.311 durante la operación de seguridad que se produjo en respuesta a los ataques de militantes alauitas a las fuerzas de seguridad el jueves 6 de marzo», dijo la ONG en un comunicado.
La organización, con sede en Reino Unido, desglosó la cifra en un total de 830 civiles fallecidos. Mientras tanto, 231 pertenecían a las fuerzas de seguridad, a la vez que 250 eran leales al antiguo régimen.
Ante tal situación, la ONG llamó urgentemente a las autoridades de Siria en Damasco. Esto para «responsabilizar al personal de seguridad y defensa implicado en las ejecuciones sobre el terreno» contra la minoría alauita.
Consideró que «la impunidad alienta la repetición de crímenes en el futuro». Agregan que ello «amenaza la estabilidad política y social en Siria tras la caída de Al Asad».
REPARTICIÓN DE LAS MUERTES DE CIVILES
La gran mayoría de los civiles fallecieron en las provincias costeras de Latakia (519) y Tartús (220). Esto como resultado de la «operación de liquidación», que incluyó civiles que no eran alauitas, según reseñó EFE.
«Las fuerzas de seguridad, el personal del Ministerio de Defensa y sus fuerzas aliadas cometieron crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos, en ausencia de medidas legales disuasorias. Estos crímenes se producen en el contexto de operaciones de venganza generalizadas contra miembros de la secta alauita, en medio de continuas matanzas masivas, incendios de viviendas y desplazamientos forzosos, en ausencia de cualquier intervención internacional para poner fin a estas masacres», acotó la ONG.
Hasta ahora, el nuevo Gobierno de Siria no ha reconocido tales actos ni ha desglosado una cifra de víctimas civiles ni bajas en sus filas.