El Departamento de Estado de los EEUU instruyó a sus consulados a negar visas de trabajo a profesionales dedicados a moderación de contenido y verificación de información.
El ente norteamericano alega que estas funciones suponen una interferencia en la libertad de expresión de los ciudadanos estadounidenses, generando críticas de activistas, abogados y plataformas digitales que dependen de estos especialistas.
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La reciente instrucción plantea un escrutinio más riguroso para los solicitantes de visas de trabajo especializadas, como las H-1B, que tengan experiencia en funciones de moderación de contenido, verificación de datos o trust & safety.
De acuerdo a las nuevas medidas, los funcionarios consulares deberán revisar antecedentes laborales, publicaciones en redes sociales y referencias profesionales. Esto con la intención de identificar cualquier participación en decisiones que puedan considerarse censura de la libertad de expresión en EEUU.
EXPERTOS EN LIBERTAD DE EXPRESIÓN SE PRONUNCIARON AL RESPECTO
Expertos en libertad de expresión señalaron que esta medida confunde la moderación de contenido con censura, cuando en realidad las labores en seguridad digital y verificación de datos son esenciales, para proteger a los usuarios contra discursos de odio, fraude, desinformación y otros contenidos ilegales nocivos.
Carrie DeCell, abogada del Knight First Amendment Institute, enfatiza que “el trabajo de seguridad digital no es censura, sino protección del ecosistema donde ocurre la conversación pública”.
La política también genera preocupación en el sector tecnológico que depende del talento internacional para garantizar la seguridad digital y la moderación efectiva de contenido de plataformas que operan a nivel global, según lo reseñado por el medio colombiano Semana.
La medida afectará tanto a quienes solicitan nuevas visas como a quienes buscan renovaciones, ampliando el alcance del escrutinio sobre roles pasados en moderación y verificación de información.
La medida del Departamento de Estado marca un precedente inédito en la política migratoria de EEUU y plantea un debate profundo sobre los límites entre regulación, seguridad digital y libertad de expresión.

