(EFE).- La Arquidiócesis de Caracas negó este martes que en su sede haya tenido lugar alguna extorsión a familiares de detenidos, luego de que Mariana González, hija del opositor Edmundo González Urrutia, denunciara que ha recibido presiones de personas vinculadas a la Iglesia, las autoridades y otros organismos para que su padre desista de sus reclamos a cambio de la liberación de su yerno, Rafael Tudares, detenido hace un año.
«En ningún momento se ha realizado en la arquidiócesis ninguna ‘extorsión’ o presión a familiares de detenidos ni a nadie», se lee en un comunicado firmado por el arzobispo metropolitano de Caracas, monseñor Raúl Biord, y publicado en la red social Instagram.
La Arquidiócesis señala que comprende el «dolor de la señora Mariana González de Tudares» y que apoya su petición por la liberación de su esposo, detenido el 7 de enero de 2025 y condenado en diciembre pasado a 30 años de prisión por presuntos delitos de conspiración.
«En el arzobispado de Caracas hemos mantenido y mantenemos las puertas abiertas para recibir a todos los que lo soliciten», continúa el comunicado, que asegura que esta institución ha «atendido a numerosos familiares de presos políticos a quienes se ha acompañado pastoralmente, sin ningún interés más que procurar su bien».
La Iglesia venezolana además resaltó que a lo largo de la historia republicana los obispos han sido intermediarios para «lograr el acceso a la justicia o la liberación de los privados de libertad por causa de su posición o pensamiento político» y reiteró su voluntad «inquebrantable» con esta misión.
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LA DENUNCIA DE MARIANA GONZÁLEZ
Mariana González denunció el lunes en un comunicado que fue víctima de «tres episodios de extorsión» que provinieron «tanto de personas vinculadas a autoridades» de Venezuela, «como de personas relacionadas con la Iglesia y de individuos que afirmaban representar organismos importantes».
Aseguró que en estas tres ocasiones «hubo testigos», quienes, afirmó, escucharon «íntegramente» todo lo que se le dijo, y detalló que estas «extorsiones» se «llevaron a cabo en sedes diplomáticas (embajadas), en espacios donde opera el Arzobispado, y en oficinas de organizaciones que públicamente afirman defender los derechos humanos».
La hija de González Urrutia dijo también que el expediente judicial contra Tudares «es un fraude a la justicia y a sus derechos humanos» y aseguró que «no existen testigos» ni «existen evidencias» contra su esposo, ni tampoco «hechos demostrables» que constituyan delito.
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Mariana González aclaró que «nunca» se le permitió acceder al expediente de Tudares ni se le entregó una copia. Sin embargo, añadió que su esposo, abogado de profesión, «revisó íntegramente su propio expediente y pudo constatar que no había pruebas en su contra».
Por tanto, afirmó que la condena impuesta contra Tudares de 30 años de prisión «constituye una violación absoluta al debido proceso, a la presunción de inocencia y al derecho a la defensa».
EFE
