Gaby Duarte, esposa del exalcalde del municipio Libertador de Mérida, Carlos García, pidió públicamente este viernes, 23 de enero, que su esposo no sea deportado y las autoridades de Estados Unidos otorguen una «revisión humanitaria a su caso», tras su reciente detención por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
“Volver a Venezuela no es seguro”, afirmó Gaby Duarte en un video difundido en redes sociales. Por medio del mismo, advirtió que un retorno forzado pondría en riesgo su vida y libertad.
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«Quiero ser muy clara, volver a Venezuela no es seguro. El país atraviesa una transición política incierta, con un sistema profundamente deteriorado y actores en el poder que amenazan la democracia y persiguen a la disidencia. No existen garantías reales de los derechos humanos. Una deportación pondría en riesgo su libertad, su vida y la de nuestra familia. Como esposa y familia, pedimos ayuda y visibilidad. Ayúdenos a compartir este mensaje y a solicitar una revisión humanitaria de su caso. Gracias por no guardar silencio», expresó.
Duarte explicó que la detención ocurrió durante una cita rutinaria en oficinas de ICE en el estado de Ohio, pese a que —según aseguró— García ha cumplido con todos los requisitos y procesos migratorios desde su llegada a Estados Unidos en 2021.
La situación, reiteró, ha encendido las alarmas sobre una posible deportación, especialmente considerando el historial de persecución política que enfrentó su esposo en Venezuela.
La esposa del exalcalde relató que la familia se vio obligada a abandonar el país en 2017, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia, de Venezuela, destituyera a García y lo condenara a 15 meses de prisión por supuesto “desacato”, en medio de las protestas registradas ese año en Mérida.
Afirmó que, además de la sentencia, existían amenazas directas de encarcelamiento por su postura crítica frente al chavismo, lo que los llevó a buscar protección en el exterior.
Duarte enfatizó, que las condiciones actuales en Venezuela, no ofrecen garantías para el retorno de dirigentes opositores.
Señaló que el actual escenario de «inestabilidad política, deterioro institucional y ausencia de protección a los derechos humanos», son factores que hacen inviable cualquier proceso de deportación hacia el país.
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