El futuro judicial de Nicolás Maduro y Cilia Flores en Estados Unidos entra en una fase decisiva tras la segunda audiencia celebrada el jueves en Nueva York, donde un juez federal confirmó que el proceso penal seguirá adelante, pese a la disputa sobre quién financiará la defensa de la pareja.
La decisión despeja, al menos temporalmente, las dudas sobre una posible anulación del caso, aunque deja abiertas tensiones legales que podrían influir en el desarrollo del juicio.
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Maduro y Flores enfrentan cargos de narcoterrorismo y conspiración para el tráfico de drogas, acusaciones que ambos rechazan y por las cuales permanecen detenidos en una cárcel federal en Brooklyn.
Pero en medio de todo, la defensa insistió este jueves en que el Estado venezolano debe cubrir los honorarios legales, pero las sanciones estadounidenses bloquean el acceso a fondos públicos, generando un choque entre argumentos constitucionales y consideraciones de política exterior.
El juez Alvin Hellerstein señaló supuestas inconsistencias del gobierno estadounidense, aunque concluyó que no son suficientes para detener el proceso.
Mientras tanto, el caso adquiere una dimensión política inevitable. Fiscales sostienen que Washington no reconoce a Maduro como presidente legítimo desde 2019, lo que justificaría impedir el uso de recursos venezolanos para sus abogados.
La defensa, por su parte, afirma que el gobierno venezolano debería financiar la representación legal de Maduro y su esposa.
Pero el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, añadió un elemento adicional de incertidumbre al adelantar que «otros casos van a ser presentados», sin ofrecer detalles.
Esa declaración abre la puerta a nuevas acusaciones que podrían ampliar el alcance del proceso y complicar más el panorama legal de Maduro y Flores.
¿QUÉ DEBE RESOLVERSE DE INMEDIATO?
En lo inmediato, el tribunal deberá resolver asuntos clave: definir quién representará finalmente a Maduro, determinar si podrá acceder a fondos del Estado venezolano para su defensa y establecer un calendario procesal que incluya nuevas audiencias y una eventual fecha de juicio.
La fiscalía ha sugerido que, si no puede costear abogados privados, Maduro podría recibir defensa pública, una opción que su equipo legal ha tratado de evitar.
De hecho, por medio de una moción, Maduro declaró que no poseer recursos para costear su defensa, una situación que según leyes estadounidenses se resolvería con la asignación de un abogado público.
El abogado penalista Sabino Jauregui explicó a Telemundo, que la Sexta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos protege el derecho del acusado a elegir su defensa.
Sin embargo, si el juez federal Alvin Hellerstein niega el acceso al dinero sancionado o si la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de EEUU no los libera, el panorama cambia drásticamente.
«Si no le pagan, él (abogado actual de Maduro) no tiene otro remedio que retirarse del caso», advierte Jauregui sobre el equipo legal privado.
En ese escenario, la corte le asignaría a Maduro un abogado de oficio, a menos que consiga fondos de otras fuentes ajenas al gobierno venezolano.
Asimismo, Jauregui anticipa que el proceso demorará mínimo varios meses, o quizás hasta un año.
Lo cierto es que, en las próximas semanas, fiscalía y defensa comenzarán el intercambio formal de evidencia y listas de testigos, un paso que marca el inicio del largo y complejo trayecto hacia un juicio con jurado que podría definir el destino judicial de Nicolás Maduro y su esposa. Y, de momento, no se conoce la fecha de la próxima audiencia.
