Por medio de una carta pública, la familia de la jueza venezolana María Lourdes Afiuni hizo un llamado público a la comunidad internacional este miércoles, 3 de junio, para que contribuya a impulsar el cierre definitivo del caso judicial que se mantiene abierto desde hace más de 16 años.
El llamado de los familiares de la jueza Afiuni, fue dirigido especialmente a la representación diplomática de Estados Unidos en Venezuela, encabezada por encargado de negocios, John M. Barret.
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En el documento, los firmantes pidieron a organismos internacionales, gobiernos democráticos, relatorías de Naciones Unidas y actores diplomáticos que mantengan atención sobre el caso y apoyen una solución definitiva que permita el restablecimiento pleno de los derechos de Afiuni.
«El proceso permanece abierto, las restricciones continúan vigentes, y las solicitudes destinadas a poner fin definitivo a esta situación permanecen sin una respuesta efectiva», reza parte del texto.
SOBRE SU CASO
Asimismo, recordaron que el pasado 10 de diciembre de 2009, «la juez María Lourdes Afiuni Mora dictó una decisión judicial en el ejercicio de sus funciones mediante la cual otorgó medidas cautelares al ciudadano Eligio Cedeño, cuya privación de libertad había devenido en arbitraria según la legislación venezolana y según decisión del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Organización de Naciones Unidas (ONU)».
«Por esa decisión, adoptada dentro de sus atribuciones legales y respaldada además por el referido pronunciamiento internacional, fue detenida. Encarcelada, torturada física y mentalmente. Y sometida a un proceso injusto que continúa hasta el día de hoy», se agrega en la carta.
La carta pública fue suscrita por Nelson Afiuni Mora, hermano de la exjueza, y la abogada Thelma Fernández, representante legal de la familia.
Vale recordar, que durante el proceso, la exjueza fue privada de libertad en un centro de reclusión común. Posteriormente, estuvo sometida a medidas restrictivas prolongadas.
Además, organizaciones internacionales han documentado denuncias sobre tratos crueles, así como el impacto físico y psicológico del proceso en su salud.
Asimismo, en el mismo documento, los firmantes destacaron que Afiuni se encuentra en una condición, cuyo «costo humano» es alto. Esto, porque le ha impedido mantener contacto, incluso, con su hija y sus nietos, residentes en Estados Unidos.
«La injusticia no ha terminado. Y aunque ya cumplió con creces cualquier tiempo relacionado con la pena que le fue impuesta, la juez María Lourdes Afiuni Mora continúa atrapada en un limbo jurídico que le impide recuperar plenamente sus derechos. El proceso permanece abierto, las restricciones continúan vigentes, y las solicitudes destinadas a poner fin definitivo a esta situación permanecen sin una respuesta efectiva», sostuvieron.
Carta abierta de la Juez María Lourdes Afiuni: Ninguna reforma judicial en Venezuela puede ser creíble mientras el caso que representa la destrucción de la independencia judicial se mantenga abierto @usembassyve @MariaCorinaYA @SenRickScott @SecRubio @MaElviraSalazar @MarioDB pic.twitter.com/trywXIxR62
— Thelma Fernández (@thelmafernandez) June 3, 2026
LEY DE AMNISTÍA
Además, se denunció que, pese a iniciativas de reforma judicial y procesos de consulta anunciados en el país durante los últimos meses, el caso de la exjueza no fue incluido en medidas de revisión o reparación en el marco de la Ley de Amnistía.
«Meses atrás fue aprobada en Venezuela una Ley de Amnistía. Presentada como un instrumento orientado a promover la reconciliación nacional. Sin embargo, dicha normativa excluyó a la jueza María Lourdes Afiuni Mora», se reiteró.
«Por ello, hacemos un llamado respetuoso, pero urgente a las representaciones diplomáticas acreditadas en Venezuela. En especial a la de Estados Unidos, a los gobiernos democráticos, a las organizaciones internacionales de derechos humanos, relatores de Naciones Unidas, medios de comunicación. Y a todas las instituciones comprometidas con la defensa del Estado de derecho para que mantengan su atención sobre este caso. Y contribuyan, dentro de sus competencias, a impulsar una solución definitiva», exhortaron.