La medida adoptada por Venezuela de retirarse de la Corte Internacional de Justicia (CPI), ¿desactivará los esfuerzos que desarrolla el organismo para eventualmente sancionar a los responsables de violaciones a los derechos humanos en el país? Es la pregunta que surge tras el anunció que este viernes realizó el canciller Félix Plasencia.
En este sentido, el abogado y experto en DDHH, Alí Daniels respondió: “Las investigaciones en curso no se ven afectadas y si surge alguna orden de aprehensión, tiene plena validez legal”.
El vocero de la ONG Acceso a la Justicia puso como ejemplo el caso del expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, quien aplicó la misma fórmula. Sin embargo, hoy tiene que hacer frente a la justicia internacional por el asesinato de decenas de personas en el marco de su “guerra contra las drogas”.
Daniels, en entrevista para Infobae, explicó que “una vez se consigne la comunicación oficial de la renuncia ante el secretario general de la ONU, debe transcurrir un año para que surta efecto. Durante ese lapso, Venezuela está obligada a colaborar con las investigaciones en curso”.
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Martha Tineo, representante de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, coincide al destacar que la salida de la CPI “no tiene implicación práctica” sobre el expediente de Venezuela.
Apunta que la decisión del gobierno de Delcy Rodríguez viene a confirmar los retrocesos que ha sufrido la República en materia de defensa de DDHH.
Tineo recuerda que el Estado venezolano fue uno de los promotores de la redacción del Estatuto de Roma.
COINCIDENCIA
La decisión de Delcy Rodríguez ocurrió días después de que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, se lanzó contra la Corte.
“La CPI y sus amigos están librando una guerra contra nuestro país, no con balas o misiles sino con estatutos, pactos y la fuerza de los llamados acuerdos internacionales”, enfatizó.
Rubio argumentó que Washington se niega a permitir que la institución pueda “procesar e incluso encarcelar a militares y funcionarios estadounidenses que actúan en defensa del interés nacional de Estados Unidos”.
Apuntando a las palabras del jefe de la diplomacia norteamericana, el abogado Daniels desliza: “Resulta curioso que la denuncia del Estatuto de Roma por parte de Delcy Rodríguez se haga días después de que el secretario de Estado declarase que el gobierno norteamericano iniciaría una campaña para ‘desmantelar’ la CPI”.