Un grupo de venezolanos beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) podrá conservar su Formulario I-94, su permiso de trabajo (EAD) y sus notificaciones I-797 hasta el 2 de octubre, pese a que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) determinó que Venezuela ya no cumple los requisitos para permanecer bajo el programa.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) también resaltó que los venezolanos podrán conservar el formulario, incluso luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos avaló en junio la facultad del DHS para poner fin a estas designaciones.
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Se explicó, que la continuidad de estos documentos, no responde a una nueva decisión administrativa, sino a una orden judicial emitida el 30 de mayo de 2025 por el Tribunal de Distrito de EEUU para el Distrito Norte de California.
La orden, se detalló, blindó la vigencia de esos permisos para un segmento específico de beneficiarios incluso después de que el máximo tribunal habilitara la terminación del estatus.
Sin embargo, esta protección alcanza únicamente a quienes se reinscribieron bajo la extensión ligada a la designación de Venezuela de 2023, y no se extiende de forma automática a los inscritos bajo la designación de 2021, para quienes la cancelación ya entró en vigor el 7 de noviembre de 2025.
USCIS precisó, además, que algunos titulares con vencimientos originales en abril o septiembre de ese año pudieron acceder a una extensión automática de hasta 540 días, siempre que dispongan de una notificación de recibo del formulario I-797 emitida antes del 6 de febrero de 2025.
DECISIÓN DE LA CORTE SUPREMA
Sin embargo, se produjo un cambio de escenario y se originó el 25 de junio, cuando la Corte Suprema resolvió que la ley vigente restringe la posibilidad de que los tribunales revisen las decisiones administrativas sobre el fin de las designaciones del TPS cuando no median cuestiones constitucionales, un criterio que despejó el camino para ejecutar cancelaciones que estaban judicialmente frenadas.
Como consecuencia inmediata, las protecciones fueron retiradas para los beneficiarios de Haití y Siria, y el mismo precedente refuerza ahora la autoridad del DHS para hacer lo propio con otras 15 nacionalidades, entre ellas Venezuela, Afganistán, Birmania/Myanmar, El Salvador, Etiopía, Honduras, Nicaragua, Sudán y Ucrania.
Vale destacar, que la terminación del TPS implica la pérdida de la protección migratoria y de la autorización para trabajar cuando no exista otra disposición judicial o administrativa que mantenga vigentes esos beneficios.
En concreto, el alcance de la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que le permite al gobierno del presidente Donald Trump poner fin a las protecciones legales temporales para inmigrantes haitianos y sirios podría extenderse a los ciudadanos de muchos otros países, incluyendo a los ciudadanos de Venezuela.
ORDEN JUDICIAL DE CALIFORNIA
Para quienes sí quedan amparados por la orden judicial de California, USCIS habilitó un mecanismo para acreditar su autorización laboral mediante la presentación del EAD junto con la notificación de recibo del formulario I-765, siempre que esta haya sido expedida antes del 6 de febrero de 2025.
Con ese respaldo documental, los beneficiarios podrán seguir trabajando legalmente en el país mientras se mantenga vigente el plazo fijado para octubre. Mientras, que el resto de las cancelaciones del TPS, producen efectos conforme a las decisiones adoptadas por las autoridades federales y los tribunales estadounidenses.