Estados Unidos planteó la salida de Miguel Díaz-Canel, como condición para avanzar en las negociaciones bilaterales sobre un posible alivio de sanciones.
Según reveló el Miami Herald, Estados Unidos considera que Díaz-Canel se ha convertido en un obstáculo para impulsar reformas internas en la isla, durante las negociaciones bilaterales sobre un posible alivio de sanciones.
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La información apunta a que asesores del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, transmitieron este mensaje directamente a Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro, durante un encuentro celebrado en los márgenes de la cumbre de Caricom en San Cristóbal y Nieves, a finales de febrero.
Según una fuente anónima citada por el medio, la Administración Trump considera que la permanencia de Díaz-Canel dificulta cualquier avance significativo en las conversaciones.
Cuba enfrenta actualmente uno de los momentos de mayor presión económica en las últimas décadas, por el incremento de las sanciones de Estados Unidos.
Pero además, Trump elevó la presión sobre Cuba tras la intervención estadounidense en Venezuela que derivó el 3 de enero en la captura de Nicolás Maduro, y el corte del suministro del crudo de Venezuela a la isla.
Tras las conversaciones en San Cristóbal y Nieves, un diplomático caribeño anónimo contó al Herald que Rubio «dejó claro» que «las discusiones con el Gobierno cubano estaban muy avanzadas», pero «no querían tener nada que ver con la prolongación del régimen».
Díaz-Canel asumió la presidencia de Cuba en 2018 y sustituyó a Raúl Castro, hermano de Fidel Castro, como líder del Partido Comunista de Cuba en 2021.

ATAQUE A LANCHA DE EEUU
El gobierno de Cuba informó que ha presentado cargos de terrorismo contra seis sospechosos, quienes supuestamente dispararon contra sus soldados desde una lancha rápida registrada en Florida (EEUU).
De acuerdo con lo reseñado por CNN y otros medios, la Fiscalía confirmó que los acusados, todos de origen cubano, permanecerán en detención preventiva mientras avanza la investigación.
Según la versión difundida por las autoridades, el enfrentamiento ocurrió cuando una lancha con matrícula de Florida ingresó sin autorización en aguas cubanas y abrió fuego contra tropas guardafronteras, lo que desencadenó una respuesta armada.
Lo que se precisó, es que el choque dejó cuatro fallecidos y seis heridos, estos últimos ahora bajo custodia.
El Ministerio del Interior aseguró que los ocupantes de la embarcación estaban fuertemente armados y su objetivo era infiltrarse en la isla para cometer supuestos actos violentos, una acusación que La Habana ha vinculado directamente con grupos de exiliados en Estados Unidos.
Además, las autoridades mostraron en televisión estatal un arsenal incautado que incluía 13 fusiles, 11 pistolas y casi 13.000 cartuchos de munición, así como imágenes de las embarcaciones perforadas por múltiples impactos de bala.
PENAS SEVERAS
La Fiscalía cubana sostiene que los detenidos podrían enfrentar una amplia gama de delitos asociados al terrorismo, con penas que van desde 10 a 15 años de prisión para los cargos menores, hasta 20 a 30 años, cadena perpetua o incluso la pena de muerte para los más graves.
El fiscal Edward Robert Campbell reiteró que el proceso se llevará a cabo bajo el marco legal vigente, aunque no se ofrecieron detalles sobre el estado de salud ni el paradero actual de los heridos.
The Attorney General's Office is overseeing the criminal proceedings initiated by the Specialized Criminal Investigation Unit for Crimes against State Security of the Ministry of the Interior to investigate the attempted infiltration of the national territory that occurred on the… https://t.co/wRN2GwBWEt
— Cuban Embassy in US (@EmbaCubaUS) March 4, 2026
TENSIÓN CUBA – ESTADOS UNIDOS
El incidente ocurre en un momento de creciente tensión entre Estados Unidos y Cuba, marcado por la decisión estadounidense de frenar los envíos de petróleo hacia la isla mientras exige reformas políticas y económicas.
De hecho, la narrativa cubana sobre una supuesta operación armada procedente de Estados Unidos ha sido recibida con escepticismo por sectores políticos norteamericanos, que cuestionan la transparencia del proceso y veracidad de los hechos presentados por el gobierno cubano.
Desde Estados Unidos, varias voces han pedido investigaciones independientes. En este sentido, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, afirmó que no se trató de una operación vinculada al Gobierno estadounidense y negó cualquier participación oficial.
Legisladores y organizaciones de derechos humanos han solicitado acceso a los detenidos y mayor claridad sobre las circunstancias del enfrentamiento, especialmente ante la gravedad de los cargos y las posibles penas.

