El juez federal estadounidense encargado del caso de Nicolás Maduro y Cilia Flores, detenidos el pasado 3 de enero en una operación militar en Caracas, ordenó sellar el expediente médico de la ex primera dama.
Flores solicitó el miércoles pasar a prisión domiciliaria por «varias condiciones médicas y cardíacas». En el marco de este proceso, Alvin Hellerstein, juez federal del Distrito Sur de Nueva York, aceptó la petición para proteger sus datos médicos.
«Los tribunales de este circuito autorizan regularmente la presentación de historiales médicos bajo sello, al considerar que las partes tienen un fuerte interés en la privacidad de su información médica», expuso Hellerstein en un escrito, de acuerdo a la agencia de noticias EFE.
Esta medida quiere decir que ya no se podrán conocer los problemas de salud alegados por la defensa de Cilia Flores para salir de la cárcel. Hasta el momento, trascendieron aparentes problemas cardiacos.
«El interés de Flores en proteger la privacidad de sus historiales médicos personales prevalece sobre la presunción de acceso público en lo relativo a esta solicitud», concluyó el documento del juez.
ALEGATOS DE LA DEFENSA
La defensa de Flores presentó distintos historiales médicos para verificar las presuntas enfermedades que sufre. El propio juez Hellerstein confirmó esto, señalando que hay expedientes personales «sin sellar y sin tachaduras».
De acuerdo a los abogados, Flores requiere de un complejo tratamiento cardíaco y el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en donde lleva detenida desde enero, no tiene las condiciones para su recuperación.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: REVELARON IMPACTANTES DETALLES DE LA SALUD DE CILIA FLORES EN PRISIÓN, SUS ABOGADOS BUSCAN LIBERTAD BAJO FIANZA
La defensa insistió en que los costos del traslado serán asumidos por Flores y ofrecieron la retención de su pasaporte. Mientras tanto, una empresa ofreció seguridad armada y monitoreo permanente en la residencia a la que sería confinada.
Flores y Maduro enfrentan cargos por narcoterrorismo, tráfico de drogas y posesión de armas de fuego. El juicio comenzará en junio de 2027 y ambos solicitaron la desestimación del caso, alegando inmunidad soberana.