La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció sobre el caso de Nicolás Maduro y Cilia Flores en Estados Unidos y los problemas que han tenido con los pagos de la defensa.
A su juicio, no debe haber problemas que el gobierno de Venezuela pague a los abogados.
«Bueno, era presidente de Venezuela y no veo porque no puede usar fondos de Venezuela», comentó en su rueda de prensa diaria.
Asimismo, aseguró que pronto podría tener comunicación con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.
«No he hablado con ella, pero podemos hacerlo pronto. No es que no quiera hablar con ella si no sencillamente no ha habido la oportunidad», acotó.
También reiteró que su país no está de acuerdo frente a la «intervención de Estados Unidos en Venezuela y frente a la intervención de cualquier país en otro país por Constitución y por convicción».
EL CASO EN NUEVA YORK
Vale recordar que el futuro judicial de Nicolás Maduro y Cilia Flores en Estados Unidos entra en una fase decisiva tras la segunda audiencia celebrada el jueves pasado en Nueva York, donde un juez federal confirmó que el proceso penal seguirá adelante, pese a la disputa sobre quién financiará la defensa de la pareja.
La decisión despeja, al menos temporalmente, las dudas sobre una posible anulación del caso, aunque deja abiertas tensiones legales que podrían influir en el desarrollo del juicio.
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Maduro y Flores enfrentan cargos de narcoterrorismo y conspiración para el tráfico de drogas, acusaciones que ambos rechazan y por las cuales permanecen detenidos en una cárcel federal en Brooklyn.
Pero en medio de todo, la defensa insistió este jueves en que el Estado venezolano debe cubrir los honorarios legales, pero las sanciones estadounidenses bloquean el acceso a fondos públicos, generando un choque entre argumentos constitucionales y consideraciones de política exterior.
El juez Alvin Hellerstein señaló supuestas inconsistencias del gobierno estadounidense, aunque concluyó que no son suficientes para detener el proceso.
Mientras tanto, el caso adquiere una dimensión política inevitable. Fiscales sostienen que Washington no reconoce a Maduro como presidente legítimo desde 2019, lo que justificaría impedir el uso de recursos venezolanos para sus abogados.
