El Parlamento de Ghana aprobó el viernes por segunda vez el ‘Proyecto de Ley de Derechos Sexuales Humanos y Valores Familiares de 2025’, conocido popularmente como la «ley anti-gay», una dura normativa que contempla severas penalizaciones contra la homosexualidad y quienes promuevan las actividades Lgbtiq+.
Los legisladores introdujeron enmiendas clave en esta nueva versión para eximir de sanciones a determinados sectores profesionales. Dicha ley mantiene la pena actual de hasta tres años de prisión por actos sexuales entre personas del mismo sexo.
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El texto legal también prohíbe explícitamente la financiación, el patrocinio o la promoción de actos Lgbtiq+, castigando estas acciones con penas de prisión de entre tres y cinco años. Además, el proyecto introduce la obligación de denunciar actos homosexuales ante la policía u otras autoridades locales. Los diputados modificaron también la Ley de Extradición de Ghana de 1960 para que estos delitos sean extraditables.
La nueva legislación incluye salvaguardas legales que no figuraban en el texto original para proteger a ciertos gremios. Bajo estas disposiciones modificadas, la ley no castigará a periodistas ni a organizaciones de medios que informen sobre asuntos del colectivo en sus deberes profesionales. Asimismo, exime de penalizaciones a los abogados que brinden asesoría o representación legal a personas Lgbtiq+.
FUERTE RECHAZO DE LA OPOSICIÓN A LA LEY
Los profesionales médicos que ofrezcan servicios quirúrgicos, psicológicos o de asesoramiento a la comunidad también quedan fuera de las sanciones de la ley. Estas reformas provocaron el rechazo de la oposición parlamentaria de Ghana, la cual argumentó que los cambios sugerían de forma implícita que la versión original del texto era «defectuosa» y no apta para su propósito.
A pesar de las críticas, la cámara aprobó el proyecto mediante una votación a «viva voz». El Legislativo tomó la decisión tras la recomendación unánime de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, según declaró el primer vicepresidente del Parlamento, Bernard Ahiafor. El texto pasa ahora a manos del actual presidente de Ghana, John Dramani Mahama, quien asumió el cargo el año pasado.
Mahama enfrenta una fuerte presión de líderes religiosos y de su propio partido, el Congreso Nacional Democrático, para sancionar la ley definitivamente. La primera versión de esta ley se aprobó inicialmente el 28 de febrero de 2024, bajo la antigua administración de Nana Akufo-Addo (2017-2025).
Sin embargo, el expresidente impidió la entrega física del documento tras recibir demandas de inconstitucionalidad.
Aquella acción del anterior mandatario congeló el proceso legal y evitó que el plazo se iniciara al no registrarse formalmente el documento. Debido a este bloqueo, la propuesta original caducó por completo al expirar la pasada legislatura. Ahora, el nuevo Parlamento revive la polémica medida con modificaciones específicas pero manteniendo los castigos principales contra el colectivo.