La Policía Nacional de España destapó esta semana una trama internacional de trata de personas con fines de explotación sexual que operaba en España y captaba a sus víctimas en Venezuela, pero fue el cautiverio de una joven venezolana en un domicilio de Oviedo que se transformó en la clave principal que permitió a los agentes descubrir toda la red criminal.
Los investigadores iniciaron la bautizada Operación Cherry el pasado 10 de abril tras la alerta de un ciudadano que avisó sobre la posible retención ilegal de una mujer. En ese sentido, funcionarios localizaron a la víctima en una vivienda donde los captores la vigilaban mediante cámaras. Allí, la obligaban a prostituirse para saldar una supuesta deuda de 10.000 euros.
Durante la primera fase de las pesquisas, los oficiales detuvieron a una mujer brasileña encargada de controlar directamente a la joven venezolana en el inmueble. Las indagaciones posteriores revelaron la existencia de esta red transnacional que captaba a mujeres vulnerables en Venezuela bajo falsas promesas de empleo para luego trasladarlas a España.
COORDINACIÓN CON EL CICPC PARA DESMANTELAR LA RED DE TRATA
La dimensión internacional del caso obligó a la Policía a coordinar esfuerzos directamente con Interpol, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de Venezuela (Cicpc) y con diversas autoridades de Chile.
Gracias a esta cooperación internacional, los cuerpos de seguridad identificaron plenamente a los cabecillas de la red. En ese sentido, los agentes consideraron altamente peligrosos a estos dos ciudadanos venezolanos debido a sus antecedentes delictivos y a su habitual tenencia de armas de fuego.
La policía arrestó a ambos hombres el 8 de mayo en Ponferrada, en la comunidad de Castilla y León. Luego, el juez ordenó su ingreso en prisión preventiva de inmediato. En la segunda fase del operativo, los funcionarios coordinaron con la Brigada de Extranjería y Fronteras de Murcia la detención de otras dos mujeres venezolanas.
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Estas dos detenidas asumían la responsabilidad del traslado, el alojamiento y el control estricto de las víctimas dentro del territorio español. La colaboración estrecha con el Cicpc permitió además proteger a la familia de la joven en Venezuela, la cual había recibido constantes amenazas de muerte por parte de la organización criminal.
Uno de los arrestados portaba una orden de búsqueda internacional por delitos similares cometidos en Chile en 2026, donde explotó a menores venezolanas con el mismo ‘modus operandi’.
Finalmente, la Policía Nacional subrayó explícitamente que la investigación sigue abierta en este momento y los funcionarios no descartan la aparición de nuevas víctimas.