El gobierno del presidente de EEUU, Donald Trump, apeló el fallo judicial que bloqueó temporalmente la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para un grupo de migrantes venezolanos.
Como se sabe, este programa que beneficia a aproximadamente 350.000 venezolanos, les permite residir y trabajar legalmente en el país.
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El juez federal Edward Chen, del Distrito Norte de California, había dictaminado previamente que el TPS debía mantenerse. Esta decisión brindó un alivio temporal a miles de migrantes que enfrentan la incertidumbre de su estatus legal en los Estados Unidos.
La apelación presentada por la administración Trump busca revertir esta decisión, argumentando que la eliminación del TPS es una cuestión de interés y seguridad nacional.
Según los abogados del gobierno, mantener el programa contradice las políticas migratorias de la administración, que han sido consistentemente restrictivas desde el inicio del mandato de Trump.
Además de la apelación, el gobierno le pidió a la corte de apelaciones que tome una decisión de manera expedita en este caso.
Esta postura ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos y defensores de los migrantes. Consideran que la medida pone en riesgo a una comunidad que huyó de la crisis política y económica en Venezuela.
Por otro lado, la comunidad venezolana en EEUU ha expresado su preocupación ante esta apelación. Aunque el fallo del juez Chen les otorgó un respiro temporal, la posibilidad de que el TPS sea eliminado sigue siendo una amenaza latente.
Organizaciones como la Venezuelan American Caucus han destacado la importancia de este programa para miles de familias que dependen de él para su estabilidad y seguridad.
Además, han señalado que la apelación no fue una sorpresa, dado el historial de la administración Trump en cuanto a políticas migratorias.
La decisión final sobre el futuro del TPS para venezolanos podría tener un impacto significativo no solo en las vidas de los beneficiarios, sino también en el panorama político y social de los Estados Unidos.
