La Defensoría del Pueblo y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) iniciaron el curso sobre Protección Internacional de Personas Refugiadas.
Por medio de una nota de prensa, se precisó que el curso tiene el propósito de reforzar los conocimientos de los funcionarios del órgano defensorial sobre el marco jurídico aplicable a la protección de refugiados y solicitantes de asilo.
LEA TAMBIÉN: DELCY RODRÍGUEZ HABLÓ DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO: «INGRESO DE LOS TRABAJADORES ESTE AÑO INCREMENTÓ UN 50%»
Es por ello, que la actividad formativa reúne a personal de la Defensoría del Pueblo junto a Oficiales de Protección de ACNUR Venezuela y de la Oficina Regional, y busca consolidar las capacidades institucionales para garantizar el acceso al territorio, el debido proceso, la asistencia legal y el principio de no devolución de quienes requieren protección internacional.
Durante las palabras de apertura, la defensora del pueblo, Eglée González Lobato, agradeció a la representación de ACNUR, encabezada por Kristin Halvorsen, y al director de Asuntos Internacionales, George García, y destacó el valor transformador de esta alianza.
«Para nosotros resulta esencial el enfoque sobre criterios de protección. El enfoque de derechos humanos obliga a invertir la mirada para priorizar esa titularidad de derechos antes que la propia calificación jurídica», afirmó la máxima autoridad defensorial.
Por su parte, la representación de ACNUR celebró la intensificación de estos espacios de trabajo conjunto y subrayó la importancia del rol del órgano defensorial para llegar a comunidades donde la agencia no tiene presencia directa.
«Ustedes se van a encontrar con personas que tal vez nosotros no vamos a conocer, a no ser por su labor, esas personas no tendrían la oportunidad de ser escuchadas y referidas a los servicios necesarios según su situación individual», destacaron representantes del organismo.
Con este encuentro técnico-práctico, ambas instituciones ratificaron su compromiso de estrechar el trabajo conjunto para garantizar el ejercicio pleno de los derechos a la salud, educación, trabajo, unidad familiar y no discriminación de las personas solicitantes de asilo en el territorio nacional.