La coordinadora del Centro de Derechos Humanos de la UCAB (CDH-UCAB) en su oficina de Guayana, Eumelis Moya, advirtió sobre las graves consecuencias que derivan para la población por la explotación en las zonas mineras del estado Bolívar.
Para Moya, esta actividad se ha transformado en un tipo de esclavitud moderna, que afecta principalmente a mujeres, niñas y adolescentes. Asimismo, señaló que existe un preocupante y progresivo aumento de víctimas menores de edad en los últimos años.
Así lo explicó durante una entrevista concedida al programa Háblame Bajito de Radio Fe y Alegría Noticias, donde recordó que entre 2020 y 2021 el centro que coordina censó al menos a 3.500 mujeres que vivían en condiciones de explotación. De estas, el 75 % eran adultas y el 25 % niñas o adolescentes.
INVESTIGACIÓN INICIADA EN 2018
Moya indicó que, al iniciar la investigación en 2018, las víctimas tenían entre 12 y 17 años; sin embargo, ya para 2021 este grupo había aumentado a 35 %, documentándose incluso casos de niñas de entre 7 y 8 años, sometidas a explotación sexual en zonas mineras.
En este sentido, puntualizó que estas redes de trata, vinculadas a grupos que controlan las áreas de extracción, captan a las mujeres mediante engaños, falsas ofertas laborales o promesas de mejores condiciones de vida.
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«Se valen de señuelos como viajes, empleos, operaciones estéticas o productos de alta gama para atraerlas», expuso la investigadora, antes de añadir que tras ser captadas, las víctimas enfrentan jornadas de entre 12 y 14 horas en condiciones precarias.
De igual manera, explicó que muchas de las víctimas se dedican a labores domésticas o de cocina en espacios improvisados, sin acceso adecuado a agua o servicios sanitarios, mientras que a otras las explotan sexualmente sexualmente en estructuras precarias dentro de los campamentos.
AUMENTO DE MADRES ADOLESCENTES Y DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL
Estudios realizados en 2023 y 2024 revelaron que se han registrado cerca de 250 partos mensuales de madres adolescentes en solo dos hospitales de la región.
En paralelo, subrayó que en la entidad suroriental presenta una alta incidencia de enfermedades de transmisión sexual, siendo la sífilis y el VPH las más frecuentes, seguidas por el VIH y la gonorrea.
Moya expresó su preocupación, porque mientras que entre 2018 y 2020 predominaba el rechazo hacia estas prácticas, desde 2021 se observa una normalización que invisibiliza la explotación, incluso dentro de las propias comunidades y familias.
Por esta razón, planteó la urgencia de actualizar el marco legal para evitar la revictimización y promover procesos de educación y sensibilización que permitan visibilizar el problema y romper con los estereotipos que lo perpetúan.
