Cinco universidades venezolanas unieron esfuerzos para crear la Red de Clínicas Jurídicas Ampliadas (RED CJ+), una alianza diseñada para brindar asistencia jurídica gratuita y directa a las personas y comunidades afectadas por los terremotos del pasado 24 de junio.
El convenio fue suscrito por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) —institución que encabeza la iniciativa— junto a la Universidad Central de Venezuela (UCV), la Universidad Metropolitana (Unimet), la Universidad Monteávila (UMA) y la Universidad Santa María (USM).
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Esta unión interinstitucional busca garantizar una atención estandarizada, eficiente y coordinada que permita canalizar, evaluar y distribuir los casos legales derivados del doblete sísmico registrado en el país.
A través de sus respectivas clínicas jurídicas, las casas de estudio ofrecerán un acompañamiento integral que abarcará desde la evaluación inicial y la redacción de documentos hasta el apoyo en trámites administrativos y procesos judiciales no contenciosos.
Entre las principales solicitudes que atenderán los equipos legales destacan la gestión de la patria potestad de menores que perdieron a sus padres, la tramitación de actas de defunción y la atención de casos de violencia doméstica surgidos en el contexto de la emergencia.
El servicio estará orientado a resolver situaciones que no impliquen un conflicto directo entre partes, centrando el trabajo académico y profesional en solucionar el impacto burocrático y legal que suele sobrevenir a los desastres naturales.
Con esta alianza, los estudiantes de Derecho y sus profesores asesores buscan aliviar la carga de las familias afectadas, asegurando que el acceso a la justicia no sea una barrera adicional durante la etapa de recuperación.
¿POR CUÁNTO TIEMPO?
Se precisó que la RED CJ+ tendrá un período inicial de funcionamiento de dos años, aunque su vigencia se renovará automáticamente mientras persista la situación de contingencia o existan expedientes pendientes.
Las actividades de la red concluirán únicamente cuando las instituciones participantes declaren de forma oficial el fin de la emergencia y verifiquen que la totalidad de los casos recibidos hayan sido resueltos satisfactoriamente.