La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) denunció este viernes la falta de derechos a las que someten a los «presos políticos» en el país, haciendo referencia al caso de seis de ellos quienes tienen más de 200 días detenidos y no han recibido visitas de sus familiares.
Se trata de los exdiputados Freddy Superlano, Américo De Grazia y Biagio Pilieri, así como el exgobernador del estado Táchira y exparlamentario, Williams Dávila, el abogado y vocero del Comando con Venezuela, Perkins Rocha, y el periodista Roland Carreño.
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Superlano tendría 233 días detenido y sin haber recibido visitas de sus familiares, mientras que De Grazia tendría 224 días en esa misma situación.
Por su parte, Pilieri está detenido desde hace al menos 204 días, Williams Dávila 215, Rocha 205 días tras las rejas y Carreño 229. Ninguno de ellos tampoco han podido ser vistos por sus familiares.
MÁS DE 890 PRESOS POLÍTICOS A LA FECHA
Asimimso, la PUD advirtió que a la fecha aún existen más de 890 presos políticos en el país, según datos ofrecidos por la ONG Foro Penal.
“En Venezuela hay más de 890 presos políticos inocentes, quienes están sometidos a violaciones sistemáticas de DDHH (…) Denunciamos ante los organismos internacionales esta grave situación y exigimos su libertad y la de todos los presos políticos, y que cesen las violaciones a sus derechos”, exigió el bloque opositor a través de la misiva publicada en sus redes.
Según Foro Penal, la mayoría de los presos políticos resultaron detenidos tras las elecciones presidenciales de julio de 2024, en un contexto de crisis política desencadenada por la controvertida reelección de Nicolás Maduro, proclamada por el ente electoral a pesar de las actas que recolectaron los testigos de la oposición.
Por su parte, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) también condenó las detenciones y recordó que, según el informe del Foro Penal, la cifra de detenidos por “razones políticas” asciende a 894 hasta el 17 de marzo. Este dato demuestra, según la organización, que “el patrón de persecución aplicado a la población civil a través de la vía judicial no ha cesado”.
