Miguel Fernández, arquitecto y habitante del edificio San Felipe A en La Castellana, ofreció detalles sobre los pormenores de lo que será la demolición controlada de la estructura por los graves fallos que tiene tras los terremotos del pasado 24 de junio.
Fernández informó que el ministro de Transporte, Francisco Garcés, concluyó en que debía demolerse luego de haber evaluado todos los análisis de equipos nacionales e internacionales. Asimismo, precisó que actualmente faltan recursos técnicos, maquinarias y recursos humanos para realizar la demolición en estos momentos.
«Entendemos que hay mucho trabajo, que se están haciendo en todo el país y hay una cantidad de trabajos que están esperando realizarse. Nos solicitó la participación nuestra para buscar compañías competentes y disponibles que estén dispuestas a realizar la demolición y se comprometió a asumir los costos de la demolición y la recogida de escombros como corresponde en este estado de emergencia», dijo en conversación con Shirley Radio.
«Los propios vecinos del edificio San Felipe A estamos sufriendo unas consecuencias importantes. La colaboración que hemos recibido del gobierno nacional y municipal ha sido modesta. Entendemos que están con muchos frentes abiertos, pero nosotros tenemos vecinos mayores que han tenido que alojarse en hoteles y han corrido con esos gastos. Estamos en una situación bastante lamentable», añadió.
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Asimismo, señaló que aún falta por cerrar el tema de la demolición. «No está prevista la fecha para la demolición. Tenemos ya para entregarle entre hoy y mañana a la alcaldía y la comisión presidencial una lista de alrededor de cinco compañías que reúnen las condiciones de una experiencia comprobada de demoliciones controladas y disponibilidad de actuación inmediata».
«El trabajo se debe hacer cuánto antes. Quedará de parte de la comisión presidencial hacer el análisis que tenga que hacer y presentar alguna solución en cuanto antes para la demolición», indicó.
Asimismo, resaltó que todos los vecinos están unidos para recuperar su patrimonio. «En lo que se demuela el edificio, el condominio debería convertirse en una asociación civil. Esa asociación civil debería transformarse en su propia promotora inmobiliaria. Nosotros como comunidad podríamos lograr una reconstrucción a partir de lo que cuesta la edificación».
«Debido al estado de emergencia declarado por el gobierno nacional hay la posibilidad de exoneraciones de temas fiscales, de procedimientos legales, eso corresponde con la solidaridad obligada por parte del gobierno con sus ciudadanos», concluyó.