La organización no gubernamental Transparencia Venezuela cuestionó los perfiles de varios postulados a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), tras revisar la lista de 561 aspirantes que forma parte del proceso de renovación del máximo tribunal.
Según la ONG, ese proceso pasará a formar parte de las conversaciones que se inician este sábado, 1 de agosto, entre representantes de la Asamblea Nacional de 2015 —controlado por la oposición— y el actual Parlamento bajo la presidencia de Jorge Rodríguez.
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Entre los nombres señalados destaca el magistrado emérito Juan José Mendoza, quien integró la Sala Constitucional entre 2010 y 2022 y a quien la organización atribuye vínculos cercanos con Nicolás Maduro y Cilia Flores.
También alertó sobre la postulación de Marjorie Calderón, quien formó parte del grupo de «magistrados exprés» designados en 2014 por una Asamblea Nacional de mayoría oficialista, días antes de que la oposición ganara las elecciones parlamentarias, así como la del abogado Luis Ortiz Hernández, quien denunció en 2016 haber sido obligado a jubilarse para facilitar nuevos nombramientos en el TSJ.
La lista incluye además a funcionarios de otros poderes públicos, como la rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE), Aime Nogal Méndez, quien respaldó los resultados de las elecciones presidenciales de 2024 pese a la falta de actas e informes oficiales que certificaran el triunfo de Maduro, apuntó la ONG.
Transparencia Venezuela también mencionó perfiles militares de alto rango, entre ellos el mayor general Jesús Emilio Vásquez Quintero, titular de la Corte Marcial entre 2021 y 2024 y responsable de acciones judiciales contra civiles vinculados a las protestas de 2017, y el capitán de navío Ramón Clemente Pires, quien encabezó el caso contra el exministro de Defensa Raúl Isaías Baduel.
EXFISCALES Y EXJUECES
La organización destacó asimismo las postulaciones de exjueces y exfiscales sancionados por gobiernos extranjeros o removidos de sus cargos en medio de cuestionamientos.
En la lista figura Katherine Harrington, vinculada sentimentalmente al ministro de Defensa, Gustavo González López; Zinnia Briceño Monasterios, acusada de coaccionar a jueces en el caso de la jueza María Lourdes Afiuni; Gilberto Landaeta, destituido de la investigación del asesinato del fiscal Danilo Anderson, y Dinorah Bustamante, quien imputó a los dirigentes opositores Juan Requesens y Roberto Marrero tras el presunto atentado con drones contra Maduro.
La ONG resaltó también que al menos dos familiares del diputado Pedro Carreño figuran entre los postulados. Se trata de su hermano, Julio Ramón Carreño Escobar, y su sobrina, la diputada Carolina García Carreño.
Frente a este panorama, Transparencia Venezuela sostuvo que la reestructuración del TSJ debe estar a cargo de una Asamblea Nacional electa mediante comicios libres, transparentes y justos.
«Será entonces cuando se pueda exigir un proceso abierto, se realicen evaluaciones de credenciales y se diseñen mecanismos de participación que permitan confiar en el proceso», sentenció.