El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este jueves que dos nuevos presos fallecieron bajo custodia del Estado en el Centro Penitenciario Fénix en Lara, con lo que se eleva a 36 el número de privados de libertad que murieron desde el pasado mes de abril.
«La crisis del sistema penitenciario venezolano continúa cobrando vidas. El OVP conoció el fallecimiento de dos personas privadas de libertad que se encontraban bajo custodia, un hecho que vuelve a evidenciar el abandono institucional y la ausencia de atención médica en las cárceles del país», acotó.
En ese sentido, indicó que las víctimas quedaron identificadas como José Antonio Rodríguez Ruiz, quien falleció a causa de tuberculosis (TBC). Mientras que el segundo caso corresponde a Alfredo José Febres, quien murió tras presentar un cuadro de deshidratación y diarrea.
«Más allá de las causas médicas reportadas, ambas muertes tienen un mismo responsable: el régimen venezolano. Quien está privado de libertad no decide cuándo acudir a un médico, no puede adquirir sus medicamentos ni trasladarse a un hospital cuando su estado de salud se deteriora», señaló el OVP.
🚨 #OVPDenuncia | Dos nuevas víctimas fallecen bajo custodia del Gobierno venezolano
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— Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) July 23, 2026
EL OVP SOBRE LAS CÁRCELES
Asimismo, sostuvo que la vida de cada preso depende exclusivamente de las autoridades que ejercen su custodia.
«Por ello, cuando una persona fallece por una insuficiencia renal que no fue atendida oportunamente o por un cuadro de deshidratación y diarrea, afecciones que, con atención médica adecuada, difícilmente deberían ser mortales, no se trata de una fatalidad, sino de la consecuencia del abandono y la negligencia del Estado», comentó.
A juicio del OVP, las cárceles en Venezuela continúan marcadas por «la escasez de agua potable, la mala alimentación, la falta de medicamentos, la ausencia de atención médica permanente y el incumplimiento de las Reglas Mandela, que obligan a garantizar a las personas privadas de libertad un nivel de atención sanitaria equivalente al disponible para el resto de la población».
«Cada muerte bajo custodia constituye una grave violación de derechos humanos y compromete la responsabilidad internacional del Gobierno venezolano. Mientras personas privadas de libertad sigan muriendo por enfermedades prevenibles o tratables, no podrá hablarse de un sistema penitenciario orientado a la rehabilitación, sino de una política de abandono que continúa cobrando vidas tras las rejas», dijo.