La batalla legal en torno a los vuelos de deportación de migrantes venezolanos dio un giro decisivo este martes, 14 de abril, luego de que un tribunal de apelaciones de Estados Unidos ordenara frenar la investigación por desacato que un juez federal llevaba adelante contra la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
El panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia concluyó, que el magistrado James Boasberg, «excedió su autoridad» al continuar con un proceso penal por la negativa del Gobierno a detener aviones que trasladaban a migrantes hacia El Salvador en marzo de 2025.
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Según la opinión mayoritaria, redactada por la jueza Neomi Rao, la administración tenía un derecho «claro e indiscutible» a que se pusiera fin al proceso por desacato.
Rao argumentó que la orden de restricción emitida por Boasberg en 2025 no prohibía de manera «clara y específica» la transferencia de los migrantes a custodia salvadoreña, un requisito indispensable para que proceda un cargo de desacato penal.
Esta interpretación anuló la base legal, sobre la cual Boasberg, había iniciado su investigación.
La decisión del panel no fue unánime. La jueza J. Michelle Childs, nominada por el presidente Joe Biden, emitió un extenso disenso de 80 páginas en el que advirtió que la mayoría estaba «pisoteando» la autoridad de Boasberg de una manera que podría afectar no solo este caso, sino también futuros procedimientos por desacato.
En tanto, el fallo representa un nuevo capítulo en una disputa que se ha convertido en un punto de tensión dentro de la política migratoria del Gobierno de Trump.
La Casa Blanca ha acusado reiteradamente a Boasberg de actuar con parcialidad y de sobrepasar los límites de su autoridad judicial.
El magistrado, nominado en su momento por el presidente Barack Obama, había sostenido que la administración Trump actuó de mala fe al permitir la salida de dos aviones con migrantes venezolanos pese a su orden de restricción temporal.
LOS MIGRANTES BUSCARÁN REVISIÓN
Los abogados de los migrantes deportados anunciaron, que solicitarán al pleno del tribunal de circuito, revisar la decisión del panel.
Lee Gelernt, representante de la Unión Americana de Libertades Civiles, calificó el fallo como «un golpe al Estado de derecho» y afirmó que ya no existe duda de que la administración violó deliberadamente la orden judicial.
Para los defensores de los migrantes, la decisión del tribunal de apelaciones podría sentar un precedente que debilite la capacidad de los jueces para hacer cumplir sus órdenes en casos futuros.
La controversia se remonta al 15 de marzo de 2025, cuando Boasberg prohibió temporalmente la transferencia de un grupo de venezolanos bajo una ley del siglo XVIII (Ley de Enemigos Extranjeros de 1798).
Sin embargo, horas después, dos vuelos despegaron rumbo a El Salvador, donde los migrantes fueron recluidos en una de las prisiones más violentas del país. En concreto, al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).
La administración atribuyó la decisión a la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, mientras el juez insistía en que el Gobierno tuvo múltiples oportunidades para explicar o corregir sus acciones, sin ofrecer respuestas satisfactorias.
