La detención de Isanel Reyes, una venezolana «con permiso de trabajo vigente y un proceso de asilo político en trámite», genera preocupación entre sus familiares y controversia sobre los procedimientos migratorios en Estados Unidos impulsados por la administración del presidente Donald Trump.
De acuerdo con la familia de la venezolana, Reyes fue arrestada el pasado 4 de marzo durante una parada de tráfico, luego de que agentes de la Patrulla Fronteriza revisaran la placa de su vehículo.
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A pesar de presentar su licencia de conducir, documentos laborales y constancia de su caso de asilo pendiente, la pusieron bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU (ICE). Situación que marcó el inicio de una serie de complicaciones legales y administrativas.
El primer tropiezo ocurrió el 23 de marzo, cuando la audiencia inicial no pudo llevarse a cabo porque la abogada de Reyes no presentó el pasaporte original requerido por el juez.
Según la familia, esta omisión dejó el proceso «en el aire» y retrasó cualquier avance en su defensa. Desde entonces, la situación se ha vuelto más incierta debido a los constantes traslados de Reyes entre distintos centros de detención, incluso en otros estados, lo que ha dificultado la continuidad del caso y comunicación con su representación legal.
Mientras tanto, la angustia crece entre sus seres queridos. Su madre, Eliana, aseguró a Univisión que la incertidumbre se ha vuelto insoportable tras más de 40 días sin respuestas claras.
A esto se suma la postura de ICE, que sostiene, que Reyes no posee estatus migratorio legal y, que permanecer bajo custodia es una decisión personal, pues —según la agencia— quienes se encuentran en esa situación pueden optar por salir voluntariamente del país con apoyo económico y vuelo incluido.
La familia rechaza tajantemente esta afirmación y asegura tener pruebas de que el asilo fue solicitado dentro de los plazos establecidos por la ley. «Están mintiendo y violando la ley», afirmaron.
«Ya va para más de 40 días y estoy desesperada», expresó su madre.
IMPACTO ECONÓMICO
El impacto económico también ha sido considerable. Los familiares de Reyes afirman haber gastado más de 11.000 dólares en honorarios legales y otros gastos relacionados con el caso.
Para cubrir posibles fianzas y continuar la defensa, han recurrido a donaciones y al apoyo de la comunidad. Todo esto, mientras esperan que la próxima audiencia, programada para el 29 de abril en Kansas City, pueda finalmente avanzar sin nuevos retrasos ni traslados inesperados.
