El concejal de Doral, Rafael Pineyro, se pronunció públicamente contra las redadas migratorias que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), las cuales desataron una ola de pánico entre los extranjeros en la ciudad de mayoría venezolana, que a diferencia de otras épocas luce desolada.
El funcionario exigió a los legisladores federales de Florida una revisión de los operativos que, según denunció, afectan a residentes que cumplen con las leyes locales.
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El funcionario, de origen venezolano, calificó las detenciones como un exceso que golpea a familias trabajadoras y personas inmersas en procesos migratorios legales.
En un video difundido a través de su cuenta de Instagram, el concejal republicano fue enfático al describir el impacto humano de los operativos.
«Es algo inhumano, es incorrecto, ya que están atacando a familias, personas trabajadoras, personas que están haciendo lo correcto y que están en un proceso migratorio», expresó.
Pese a su crítica, Pineyro fue cuidadoso y trazó una línea entre los residentes que cumplen la ley y quienes enfrentan procesos judiciales de expulsión, dejando claro que su reclamo no busca proteger a personas con antecedentes penales.
Sobre este punto específico declaró: «Aquellos que tengan orden de deportación o hayan cometido algún delito, no merecen estar acá y creo que todos estamos de acuerdo en ese punto».
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MIEDO EN LAS CALLES DE DORAL
El concejal, quien emigró desde Caracas a Estados Unidos a los 15 años y construyó su carrera en el sector público del sur de Florida —incluyendo su paso como jefe de Gabinete municipal en 2014—, sostuvo que la presencia constante de patrullas federales en Doral trastorna la rutina comercial y educativa del municipio.
A su juicio, los operativos golpean la economía de los negocios locales, deterioran la calidad de vida de las familias y afectan la asistencia normal de los estudiantes a los centros escolares.
Como parte de sus gestiones, Pineyro detalló envió cartas explicativas a los congresistas María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez, así como a los senadores Rick Scott y Ashley Moody, acompañadas de un informe elaborado junto a abogados de inmigración sobre los impactos sociales y económicos de las detenciones.
El funcionario cerró su mensaje instando a vecinos y comerciantes a sumar sus propias comunicaciones ante el Congreso, en un esfuerzo por presionar un cambio en la estrategia de seguridad aplicada en la ciudad.
ASÍ DE SOLA ESTÁ LA CIUDAD
En tanto, la periodista venezolana Francia Sánchez difundió un video que refleja el impacto de los operativos migratorios en la ciudad.
«La comunidad venezolana que vive en Doral lleva días sintiendo angustia ante los operativos y la presencia de ICE. Una comunidad conformada, en su inmensa mayoría, por personas que llegaron a este país a trabajar duro, echar raíces y aportar. Como venezolana, respeto profundamente las leyes de este país que me abrió las puertas y respeto también su derecho a hacerlas cumplir. Pero precisamente desde ese respeto, hoy alzo mi voz para pedir humanidad», expresó la comunicadora.
«Humanidad para quienes han procurado mantenerse apegados a la legalidad, para quienes trabajan, pagan impuestos, crían aquí a sus hijos y han construido una vida con la intención de sumar», agregó.
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Asimismo, la organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX) expresó su preocupación por los operativos migratorios en Doral.
A través de un mensaje publicado en X, VEPPEX calificó como «inaceptable» que Doral se convierta en una «zona de persecución contra los venezolanos» y pidió a las autoridades ofrecer información sobre los procedimientos realizados en la ciudad.
Es inaceptable que Doral se convierta en una zona de persecución contra los venezolanos.
VEPPEX expresa su alarma ante el aumento de operativos migratorios y las denuncias de detenciones de personas trabajadoras, sin antecedentes criminales y con procesos migratorios abiertos.…
— Veppex (@Veppex1) September 10, 2026
«LA PEQUEÑA VENEZUELA»
Doral se ha consolidado, durante años, como uno de los principales puntos de concentración de venezolanos en el sur de Florida.
Conocida popularmente como «Doralzuela» o la «pequeña Venezuela», esta ciudad cerca de Miami concentra una gran comunidad de inmigrantes venezolanos que llegaron huyendo de la crisis política y económica de su país.
En este contexto, las operaciones de ICE han despertado preocupación entre residentes, comerciantes y familias, ante el temor de ser deportados en cualquier momento.