El gobierno del presidente de EEUU, Donald Trump, anunció la revocación del estatus legal temporal de aproximadamente 530.000 migrantes provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
Esta decisión, que entrará en vigor el 24 de abril, afecta a quienes habían recibido un permiso de entrada bajo el programa de «parole» humanitario implementado por la administración de Joe Biden.
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Este programa permitía a los migrantes ingresar al país con patrocinadores estadounidenses, pero ahora los deja en una situación de incertidumbre y vulnerabilidad.
La medida forma parte de la política de endurecimiento migratorio de Trump, quien ha argumentado que los programas de libertad condicional excedieron los límites de la ley federal.
Además, su administración evalúa la posible revocación de permisos similares para otros grupos, como los ucranianos que llegaron a Estados Unidos durante el conflicto con Rusia.
Como ha sido habitual, esta postura ha generado críticas por parte de organizaciones de derechos humanos, que señalan el impacto negativo en las vidas de los migrantes afectados.
Los migrantes venezolanos, en particular, enfrentan un panorama complicado, ya que Estados Unidos y el chavismo han reanudado los vuelos de deportación tras años de tensiones diplomáticas.
En febrero, más de 600 venezolanos fueron repatriados, y se espera que esta cifra aumente significativamente con la nueva medida.
Mientras tanto, Nicolás Maduro ha minimizado el impacto de la crisis migratoria, atribuyendo el éxodo masivo a las sanciones impuestas por Estados Unidos.
La decisión de revocar el estatus legal de estos migrantes ha generado preocupación entre los defensores de los derechos humanos, quienes advierten sobre las posibles consecuencias humanitarias.
Muchos de los afectados podrían enfrentarse a procesos de deportación si no logran regularizar su situación a través de otras vías legales. Además, la medida podría tensar aún más las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y los países afectados.
