El presidente de EEUU, Donald Trump, solicitó la destitución del juez federal James Boasberg, quien recientemente suspendió temporalmente las expulsiones de migrantes venezolanos.
Esta decisión judicial se basó en la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, invocada por la administración Trump para justificar las deportaciones.
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Según el juez, era necesario evaluar las implicaciones legales y humanitarias de estas expulsiones antes de proceder, lo que llevó a una prohibición de 14 días para detener los vuelos programados hacia El Salvador.
En respuesta, Trump calificó al juez como un «lunático radical de izquierda» y lo acusó de ser un obstáculo para las políticas migratorias de su administración.
A través de su plataforma Truth Social, el expresidente expresó su frustración con el sistema judicial y afirmó que Boasberg, nombrado por el expresidente Barack Obama, no debería ocupar su cargo.
“Solo hago lo que los votantes querían que hiciera” porque “la lucha contra la inmigración ilegal pudo haber sido la razón número uno” de la victoria electoral de noviembre, escribió usando mayúsculas, como acostumbra a hacer el mandatario.
El caso ha generado controversia no solo por las declaraciones de Trump, sino también por las acciones de su administración.
A pesar de la orden judicial, algunos vuelos de deportación supuestamente continuaron, lo que llevó al juez Boasberg a exigir explicaciones al gobierno.
La administración argumentó que los vuelos ya habían despegado antes de la emisión de la orden escrita, lo que ha sido cuestionado por expertos legales y organizaciones defensoras de los derechos humanos.
En este caso particular, los deportados fueron acusados de pertenecer a organizaciones criminales como el Tren de Aragua y la pandilla M-13, recientemente designadas como grupos terroristas por el Departamento de Estado.
Sin embargo, defensores de los derechos de los migrantes han señalado que estas acusaciones no justifican la violación de órdenes judiciales ni el uso de «leyes arcaicas» como la de 1798. También cuestionaron que todos los deportados formen parte de organizaciones criminales.
