(EFE).- Al menos 51 presos comunes fallecieron entre abril y julio de este 2026 en Venezuela, según un conteo publicado este viernes por la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
«Denunciamos la muerte de Leonel Alberto Rincón Cumares y John Jairo Vargas por complicaciones de salud y falta de atención médica, durante el mes de julio, en el Centro de Formación del Hombre Nuevo Dr. Francisco Delgado, conocido como El Marite, en el estado Zulia. Con la muerte previa de Yoandry Medina González, también en julio, suman tres muertos en este recinto. Esto eleva a 51 la cifra de personas privadas de libertad fallecidas por falta de atención médica en cárceles venezolanas entre abril y julio de 2026», acotó el OVP en su cuenta de X.
Además, indicó que en los 15 años de creación del Ministerio para el Servicio Penitenciario «han vulnerado sistemáticamente los derechos de la población penal».
En este contexto, subrayó el hacinamiento en las cárceles como una muestra de la «falta de voluntad política» del Gobierno, y mencionó como ejemplo que en el penal conocido como El Marite, en el estado Zulia, la capacidad es de «700 presos y actualmente tiene una población superior a 1.000».
La ONG reiteró que el Estado tiene el deber de velar por las personas bajo su custodia y exigió a la Fiscalía y Defensoría del Pueblo investigar la gestión del Ministerio para el Servicio Penitenciario, que a su juicio «no garantiza el acceso a la salud de las personas privadas de libertad».
🚨Denunciamos la muerte de Leonel Alberto Rincón Cumares y John Jairo Vargas por complicaciones de salud y falta de atención médica, durante el mes de julio, en el Centro de Formación del Hombre Nuevo Dr. Francisco Delgado, conocido como El Marite, en el estado #Zulia.
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— Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) August 7, 2026
LO QUE DICE EL OVP
El pasado martes, el OVP indicó que algunos de los fallecidos «padecían enfermedades prevenibles o tratables, entre ellas tuberculosis, deshidratación severa, diarreas agudas y otras patologías que difícilmente habrían terminado con sus vidas si hubiesen recibido atención médica adecuada».
«Cuando una persona fallece por falta de atención médica, el Estado no puede limitarse a registrar su muerte: está obligado a explicar por qué ocurrió, quién dejó de actuar y qué medidas adoptará para impedir que estos hechos continúen repitiéndose», subrayó entonces la organización.
Por tanto, exhortó a la Fiscalía a que inicie una investigación «transparente, exhaustiva e imparcial» sobre cada fallecimiento, a fin de determinar las responsabilidades que «correspondan».
EFE